Las autoridades de la enseñanza suspendieron por 30 días la obligatoriedad de la concurrencia a los centros educativos públicos y privados de la ciudad de Rivera. El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, explicó que la medida se tomó en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Silva exhortó a los responsables de todos los centros educativos a continuar con el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y las medidas de cuidado personal en relación a higiene y desinfección de locales educativos.
Explicó que la actual situación sanitaria en la ciudad de Rivera lo ha llevado a mantener un contacto permanente con su par de Salud Pública, Daniel Salinas, otras autoridades de esa cartera y del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y que, a partir de definiciones tomadas en forma coordinada, se planteó la medida anunciada y otras decisiones, dijo.
Silva aseveró que en el resto del país se continuará como hasta el momento, con estricto cumplimiento del protocolo respecto al distanciamiento social sostenido, la ventilación, el uso de tapabocas y la higiene de los centros.
Añadió que desde el MSP se señaló que la situación está controlada y, en ese sentido, recalcó que no se trata de una decisión educativa sino sanitaria, “que la autoridad educativa la toma en coordinación con quien tiene la superintendencia sanitaria del país, que es el MSP”.
Consultado acerca de la situación en los centros educativos públicos y privados con casos de COVID-19, indicó que se cumple cabalmente con el protocolo y que los servicios médicos del Codicen, en articulación con el MSP, realizan el seguimiento de los contactos, los hisopados, el cierre, la desinfección y la apertura de centros educativos, y aseguran la no asistencia de las personas cercanas a las que portan la enfermedad hasta contar con los resultados negativos de las pruebas.
No obstante, Silva defendió la obligatoriedad y mencionó que ha mejorado la asistencia de manera sustantiva, “sobre todo en los quintiles más vulnerables”, pero, afirmó, debe ser una obligatoriedad responsable. Recordó que, desde marzo, la situación se evalúa “minuto a minuto” en coordinación con el Poder Ejecutivo, el Sinae, el MSP y el Grupo Asesor Científico Honorario de expertos.
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